17 de diciembre de 2013

DEMOCRACIA ABSOLUTISTA

Siempre resulta peligroso enredarse en los conceptos, en las definiciones. A veces un análisis interior de ciertas cuestiones nos obliga a efectuar un giro hacia la duda sobre unos temas cuyo significado se nos antojaba incontestable. Los conceptos de Democracia y Libertad a veces chocan entre si y si esto sucede es por que ambas no son suficientes o porque realmente no existen. 

Nos contaba Ortega y Gasset que en democracia el ejercicio del Poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos y nos invitaba a reflexionar sobre cual debe ser la extensión de ese poder que entregamos a nuestros politicos. Nosotros ahora, casi cien años después, hemos asumido peligrosamente que no queremos determinar cual debe ser la amplitud del Poder delegado y nos hemos limitado a que la misma la establezca el sujeto a quien el mando compete, olvidándonos en la práctica de que las personas tenemos derechos previos a toda ingerencia del Estado y por tanto el Poder público delegado tiene limites, en evitación de que se convierta en una suerte de absolutismo democrático exento de todo acento liberal, entendiendo este acento como el principio promotor de las libertades civiles, en justa oposición a cualquier forma de despotismo y regulado  por los principios republicanos tradicionales, asimismo dotado de potentes instrumentos de control a la expansión del capitalismo.

No falta hoy quien, simplemente por hablar, alude a las antiguas democracias como ejemplo de ejercicio popular del Poder, olvidando o quizás desconociendo que aquellas eran auténticos poderes absolutos, más absolutos que los de ningún monarca tildado de absolutista. Ni griegos ni romanos admitían como posible la idea de que el individuo limitase el poder del Estado, tampoco permitían que una porción de la persona quedase fuera de la jurisdicción pública, en resumen eran una democracias que no consideraban como posible la existencia del liberalismo, el republicanismo puro, ni del control popular, y en las que para colmo la esclavitud estaba permitida.

A la vista de los acontecimientos que se están produciendo en España desde el año 1996, con un relativo paréntesis entre 2005 y 2011, queda puesto de manifiesto y de forma contundente que la democracia no impide el absolutismo. Creer o pensar lo contrario no sería más que un inocente error. Un absolutismo que como todos perjudica al individuo humilde y por extensión al grupo social al cual pertenece, y que es negado desde el Poder haciendo ondear la bandera de la democracia y los votos conseguidos. Un absolutismo que previamente ha modificado el comportamiento de la sociedad para que ésta después de un corto episodio de ficticia prosperidad viese en el Poder absoluto el único medio de detener la hemorragia que el engaño previo le había producido. 

En los años posteriores a la Guerra Civil y hasta bien entrados los años setenta la clase trabajadora española trabajaba para lograr los medios que le permitiesen adquirir lo necesitado o previamente deseado. Una vez llegada nuestra particular democracia - una democracia que nos deslumbró simplemente porque no estábamos acostumbrados a la luz y a la que abrimos la puerta como si de una misteriosa mujer de adivinable bello rostro se tratase - la clase trabajadora comenzó a desear la riqueza, esto es: el puro medio adquisitivo. A este fin aumenta exponencialmente la producción, no por la demanda o necesidad básica de los productos, sino con el exclusivo fin de obtener más riqueza, resultando que el producto, se ha convertido en medio y el dinero, la riqueza, en fin último. Una vez imbuida esta posibilidad de riqueza en los ciudadanos solo es necesario facilitarles los medios económicos para que se integren en la noria -una noria de la que el agua obtenida pasa directamente a los aljibes del capital - es decir se les proporciona financiación para que adquieran todo aquello que se les antoje, no ya por necesidad de lo adquirido sino como evidencia de su poder económico, de su "riqueza". Una riqueza solo en apariencia y que paradojicamente les traslada a una situación de extrema pobreza cuando el capataz de la noria decide que el pozo se ha secado y que por tanto a falta de agua para devolver los medios que crearon su patrimonio, es éste el que ha de ser entregado como pago de la efímera ilusión.

Según lo anterior queda clara y justificada la causa del empobrecimiento sufrido por la clase trabajadora, y esto facilita sobremanera el absolutismo del estado a causa de la situación de dependencia en que nos encontramos, esto es ni más ni menos lo que el capital pretendía, una dependencia que nos impide negociar la devolución del Poder que en su día se entregó y que hoy se ha vuelto contra nosotros de forma descarada, ya que dicho Poder ha sido "vendido" a los poderes económicos, que son los que realmente lo ejercen, eliminando cualquier posibilidad de que sea el Pueblo la fuente de donde emane el mismo. No basta con esperar a una nuevas elecciones, cambiar a los actores de la farsa no vale de nada si no se cambia el guión y el guión para ser cambiado necesita de la colaboración de sus autores, unos autores que, a diferencia del escrito en 1978, hoy seriamos todos los españoles pero que según parece no estamos dispuestos a reescribir.

Los sucesivos gobiernos que han habido en España desde el fallecimiento del dictador la han endeudado de tal forma que resulta completamente imposible devolver lo prestado por el capital, si, por el capital, no por los "mercados" como se nos indica para evitar pronunciar la palabra capitalismo y evidenciar nuestra dependencia de él, dichos mercados no son más que meras sucursales del concepto capitalista más puro y perjudicial. Ante la imposibilidad de devolver el dinero prestado y el que cada día seguimos solicitando, el Gobierno de España ha llevado a cabo lo que muchos españoles han hecho con su hipoteca, practicar la dación en pago. Si el hipotecado entregaba al banco las llaves de su vivienda, los gobiernos de España han entregado al capital a la totalidad de la clase trabajadora española para que con su trabajo y el ahorro que supone la eliminación de los derechos por ella adquiridos pague lo prestado y posteriormente dilapidado por unos políticos deslumbrados por el Poder cedido y las compensaciones recibidas de los prestamistas. Estos comportamientos, que sus autores justifican por el número de votos conseguidos, podrían fácilmente considerarse como una "tiranía de la mayoría" que actúa oprimiendo a una minoría concreta, pero en nuestro caso, en el caso de la España actual este concepto no es aplicable, ya que, incomprensiblemente, es una minoría la que oprime a la mayoría de los ciudadanos, una minoría opresora representada por el poder económico a la que, repito,  incomprensiblemente gran parte de la clase trabajadora integrada en las clases medias ha prestado su voto y ven ahora como son empujadas hacia las clases bajas de la sociedad, una clases bajas que además cada día están más desprotegidas.

En esta situación ya no existe parcela de libertad exclusiva para el individuo ni para su grupo social, no existe libertad colectiva, y la falta de libertad es una situación antagónica con la democracia. Su libertad, junto con sus mínimas y deseables opciones liberales, han sido cedidas al capital por la práctica de un Poder que nunca se entregó con ese fin y que dado que no va a ser devuelto de forma voluntaria, tendrá que ser rescatado desde la fortaleza que deberemos construir para defendernos de un Estado que gobierna en contra de los ciudadanos, no ya en contra de sus derechos básicos y fundamentales, también en contra de su supervivencia física, provocando que aumenten los índices de pobreza, circunstancia ésta que demuestra cierta ausencia democrática si tenemos en cuenta que estadisticamente y a nivel mundial un mayor nivel democrático provoca una disminución importante de los índices de pobreza. De la misma forma cuanto mayor sea el nivel democrático de un país los indicadores de nivel de atención sanitaria, educación, esperanza de vida y bienestar son más elevados, y lo que es más importante no dependen fuertemente de indicadores económicos como pueda ser, por ejemplo, el PIB per cápita, tan esgrimido por nuestro actual Gobierno para justificar el brutal recorte de derechos y salarios que está llevando a cabo.

Llegados a este punto podemos encontrarnos con que nuestra débil democracia pueda ser aprovechada ( según mi opinión en España ya está sucediendo) por lideres con aspiraciones absolutistas que alcanzan el poder tras unas elecciones junto con la circunstancia de que el país se encuentre inmerso en una gran crisis, una crisis duradera que ha provocado que el pueblo no confié en el sistema, caso éste totalmente aplicable a España y al Partido Popular y con antecedentes claros como el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania tras unas elecciones, o cómo Napoleón III, que se convirtió en el primer Presidente de la Segunda República Francesa para luego proclamarse Emperador.

Bajando al callejón y respirando con esperanza y decisión, deberemos comenzar a eliminar palacios y a construir un Estado que en lugar de utilizar el Poder delegado para explotarnos y privarnos de la dignidad, nos garantice nuestros derechos y libertades. Un Estado que en lugar de utilizarnos como remeros para avanzar por el mar de una prometida prosperidad, arrebate al capital todas las velas necesarias para que la embarcación española navegue con rapidez hasta alcanzar la meta que todo estado democrático y de derecho debe fijarse y que no es otra que el bienestar de aquellos que para ese fin exclusivo lo han construido. Un Estado al que podamos controlar y cuyo fundamento sea proteger al ciudadano tanto de la dominación pública como de la privada y que disponga de los mecanismos necesarios para  evitar que los más ricos tengan un acceso más fácil a los órganos políticos. De nada valen cambios de gobierno, de nada vale la alternancia, menos aún existiendo el bipartidismo, lo que no funciona en España es el sistema, entre otras cosas porque en sus aspectos fundamentales es una continuación edulcorada del franquismo, en el que su oligarquía es la que nos gobierna.

Podemos acariciar nuestra pereza y permitir que la farsa continué, ir a votar y legitimar así el absolutismo que estamos padeciendo, también podemos acallar nuestras conciencias llevando tres kilos de arroz a un centro de recogida de alimentos, una ayuda que alimenta el cuerpo pero que destruye la dignidad del necesitado. Yo lo que creo que podemos y debemos hacer es unirnos, organizarnos para cambiar un sistema que nos está reduciendo a la miseria económica, moral e intelectual. A grandes males, grandes remedios. No nos olvidemos de que es el ciudadano medio, trabajador y honrado, el que hace posible la ciudad, la polis, y por tanto la práctica política.

Con una clase política extremadamente cuestionada y descalificada, una impuesta monarquía más cuestionada aún y unos indices de pobreza y desprotección social como los actuales, pensar que vivimos en democracia solo puede ser fruto de la ilusión y el deseo.

Partimos de una Constitución que fue elaborada bajo unas importantes presiones. Su redacción estuvo a cargo de unos pocos y su ratificación por el pueblo se llevó a cabo sin que existiesen debates y oposición o críticas a la misma. La izquierda española aceptó su texto pensando quizás que el mismo sería reformado una vez que la situación lo permitiese. Posteriormente cuando pudo hacerlo no lo hizo.

Si tenemos en cuenta que un Estado de Derecho es aquel que se rige por lo expresado en la Constitución, dependerá del texto de ella la calidad de ese Estado de Derecho, incluso su verdadera existencia. Cuando en España se habla de cambiar la Constitución comienzan a sonar todas las alarmas, no solo desde la derecha también desde el principal partido de izquierdas, situándose en un inmovilismo que solo a ellos beneficia. Convendría que nuestros políticos recordasen que en España desde 1812 han existido varias Constituciones (8) y en todas ellas se  garantizaba la existencia de un Estado de Derecho aunque en la práctica era solo una utopía en todas ellas con la única excepción de la de 1931. Solo el paso del tiempo y los cambios consiguieron que los textos constitucionales fuesen cada vez más adecuados al interés común, circunstancia ésta que nos obliga a pensar que una modificación de la Constitución actual  es un asunto necesario cuyo resultado no puede ser más que beneficioso. Unos cambios que deben ser radicales y que necesariamente deberán ir precedidos de una consulta popular vinculante sobre la permanencia en ella del articulo tres de su Título Preliminar: La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. o su sustitución por el recogido en la Constitución de 1931 :
Artículo 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
A partir de ahí, sea cual sea el resultado, la calidad de la democracia española habrá dado un paso de gigante y los ciudadanos habrán intervenido directamente en su destino.

Benito Sacaluga




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